Escazú, el tratado que lleva la voz de los ciudadanos a las decisiones ambientales

Por Lucía Moreno

Muy pocos saben que existe un tratado con un nombre larguísimo que podría cambiar la manera en que los ciudadanos influyen en decisiones ambientales sobre el futuro del planeta: se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, llamado así porque fue adoptado en el cantón de Escazú, Costa Rica, donde se celebró la última ronda de negociación que dio origen al texto final del tratado.

A diferencia de las grandes cumbres climáticas, donde predominan las negociaciones entre gobiernos, Escazú reserva espacios formales para la participación de la sociedad civil dentro del propio proceso de toma de decisiones. Esa característica lo ha convertido en un laboratorio internacional de democracia ambiental.

Entró en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra, y desde entonces se han celebrado cuatro reuniones oficiales de la Conferencia de las Partes (COP), la más reciente, COP-4, se celebró en Nassau, Bahamas, en abril pasado. México participó con una delegación integrada por funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil. Entre ellos estuvo nuestro entrevistado, el abogado ambiental Mauricio Limón, como testigo directo de este mecanismo único en el mundo.

Limón no es sólo un especialista en derecho ambiental: es uno de los arquitectos institucionales más importantes del sector en México. Pocas personas en el país han ocupado puestos jurídicos tan relevantes dentro del sector ambiental federal.

Hoy, desde el ámbito privado, se dedica a asesorar empresas para que protejan los bosques (“nuestras fábricas de agua”, como él los llama), cuiden los acuíferos y eviten contaminar el suelo, la atmósfera y el agua. Su presencia en Escazú no es anecdótica: es la mirada de alguien que ha estado en el diseño de las instituciones, en la aplicación de la ley y, ahora, en la defensa cotidiana del ambiente desde la sociedad civil.

Lucía Moreno (LM.). ¿Qué hace tan diferente esta reunión internacional?

Mauricio Limón (ML.). El Acuerdo de Escazú mantiene una característica única a nivel mundial: incluye un artículo específico para la protección de personas defensoras del ambiente. En una región donde quienes defienden bosques, ríos, manglares o territorios indígenas suelen enfrentar amenazas, hostigamiento e incluso violencia y muerte, este reconocimiento representa uno de los avances más innovadores del derecho ambiental internacional.

LM. ¿Qué se firmó en esta última reunión celebrada en abril pasado?

ML. Durante la reunión de Nassau, los 19 países participantes en la COP-4 aprobaron decisiones orientadas a fortalecer el acceso a la justicia ambiental, mejorar la protección de personas defensoras del ambiente, impulsar mecanismos de participación pública más temprana en proyectos con impactos ambientales significativos y avanzar en sistemas de información sobre emisiones y contaminantes. También acordaron incorporar, de manera transversal, la perspectiva de género en la implementación del tratado y continuar desarrollando herramientas que permitan a ciudadanos y comunidades acceder de forma más efectiva a mecanismos de reparación cuando sus derechos ambientales sean vulnerados.

LM. ¿Con qué buenas noticias regresas de este encuentro?

ML. Estas reuniones ofrecen una dosis de esperanza: dejan constancia de lo que ocurre, generan compromisos y muestran que hay ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, dispuestos a defender estos derechos desde distintos frentes. Lo que vi en Escazú, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, universidades, organizaciones civiles, revela algo que a veces olvidamos: la defensa del ambiente ya no es una causa marginal, sino una fuerza social en expansión. La ansiedad climática puede paralizar, sí, pero también puede convertirse en una energía política capaz de transformar instituciones y territorios. 

***

La reunión en Nassau dejó claro que la construcción de la democracia ambiental en América Latina apenas comienza. La próxima reunión de la Conferencia de las Partes, la COP-5, será en abril de 2028.

Aun así, la conversación no termina en desesperanza. Limón regresa de la COP-4 con una convicción clara: el planeta no se salvará con discursos ni con buenas intenciones. Se salvará con información pública, participación real, justicia accesible e instituciones capaces de hacer cumplir la ley. Se salvará cuando alguien decida preguntar, defender, denunciar y sembrar, aunque quizá nunca alcance a sentarse bajo la sombra del árbol que ayudó a crecer.+

Semblanza

Mauricio Limón Aguirre es doctor en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra. Egresó de la Escuela Libre de Derecho en México y cuenta además con un máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco. Ha complementado su formación con especialidades en Derecho Corporativo y Económico por la Universidad Panamericana, y en Derecho Ambiental y Globalización por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Actualmente dirige Limón Consultores, firma dedicada al cumplimiento ambiental y sustentabilidad corporativa.