José Ramón Cossío Díaz: ¿Qué justicia queremos?
José Ramón Cossío Díaz es una de las presencias jurídicas más importantes de nuestro país: sus trabajos académicos, su labor en El Colegio Nacional y sus años como magistrado apenas son una muestra de sus actividades. Hace unas poscas semanas publicó su nuevo libro: ¿Qué justicia queremos? Estado, derecho y democracia (Trillas, 2024), en el cual analiza las discusiones más recientes sobre la impartición de justicia en nuestro país desde una perspectiva precisa, justo como leemos en una de sus páginas: “La historia universal nos ha demostrado que la democracia es el mejor de los sistemas posibles. Y aunque está lejos de ser perfecta en la teoría, en los hechos corre peligros y con frecuencia es amenazada por los poderes fácticos, o por las tentaciones autoritarias de los propios gobernantes. Esta discusión está plenamente viva en México y asistimos a un fogoso debate público” sobre la justicia. Acercarse a su opinión es importante y nos encontramos para conversar.
Cuéntame, ¿qué justicia queremos?, ¿es posible tener una justicia que sea capaz de cumplir nuestras expectativas como ciudadanos?
La justicia trata de resolver los conflictos humanos, y lo hace en diferentes momentos utilizando las técnicas propias de cada época. Entre las soluciones medievales y las de nuestros tiempos hay grandes diferencias. Por esta razón, si tuviéramos un medio que fuera capaz de resolver la mayor cantidad de conflictos y la gente pudiera dedicarse a hacer lo que quisiera sin tener que preocuparse por ellos, tendríamos un extraordinario sistema de justicia. Así pues, lo que queremos es una justicia que resuelva el mayor número posible de conflictos humanos; no todos, pues eso se no puede lograr, pero sí es posible que sea capaz de solucionar el mayor número de ellos.
Tengo la impresión de que los conflictos son inherentes a la condición humana: si somos libres, no tenemos más opción que enfrentar el riesgo de tomar decisiones y esto puede llevarnos al descuerdo, al conflicto…
Estoy totalmente de acuerdo en que la naturaleza humana o las condiciones sociales —que no siempre son las mismas—, generan una gran cantidad de conflictos cotidianos y de diferentes tipos y magnitudes. Sin embargo, también debemos considerar que no todos esos conflictos se transforman en litigios judiciales. Esto es importante, pues la ley sólo reconoce aquellos conflictos que tienen esta característica.
Cuando esos conflictos se convierten en litigios, desafortunadamente la justicia debe modificarlos. Esto sucede debido a que debe adaptarlos a las reglas procesales que son típicas de la justicia de cada época. Y, además, la gente debe asumir que los jueces no suelen dar la solución completa a cada conflicto, pues en muchas ocasiones hacen una reducción de lo que realmente es el conflicto para amoldarlo a las reglas vigentes. Sabemos que la justicia, en el sentido del que estamos hablando, es imperfecta. Pretender que la justicia recogerá todos los conflictos y que los resolverá en su esencia es una ficción brutal.
Por esta razón, lo primero que hay que entender es que es la justicia es una manera de resolver algunos conflictos de cierta manera, lo cual implica que no necesariamente todos los involucrados quedarán satisfechos con el fallo que se dé. Pero, ¿qué pasaría si esa justicia no existiera con todas sus imperfecciones? Seguramente nos adentraríamos en una situación peligrosa. No sé si alguna vez sucedió en la historia, o si es una especie de construcción un poco mitológica, pero esa situación mitológica implicaría que cada uno se haría justicia por su propia mano, porque cada uno definiría qué es un conflicto y cómo debería resolverse.
En ese momento, la justicia se conecta con el estado de derecho, que le prohíbe a la gente hacerse justicia por su propia mano. Esto ocurre por una causa sencilla de explicar: si considero que algo es un conflicto y estoy autorizado y capacitado para resolverlo de la mejor manera posible, es muy probable que termine convirtiéndome en una persona violenta, peligrosa y desalmada que actúa por encima de la ley. Por esta causa, debemos hacernos una nueva pregunta: ¿qué hemos intentado hacer con todas las imperfecciones que existen en la justicia? Para empezar, tenemos que reconocerlas y generar algunas reglas con las que todos estemos contentos, o al menos la mayoría sean capaces de respetarlas.
Esto es fundamentalmente el estado de derecho: una situación en la que las leyes y las normas dictadas por las autoridades se aplican razonablemente a todos por igual, sin distinción de categoría social, económica o política. Lo cual es una pretensión brutal en la medida en que la justicia busca borrar las diferencias entre las personas para que se apliquen a todas en condiciones razonablemente similares.
Pero la justicia debe cambiar, adaptarse a las circunstancias que enfrenta…
Efectivamente, la justicia de la que hablamos no es una justicia divina ni una justicia trascendente. Por esta razón, nuestra justicia necesita muchos cambios y muchas adaptaciones. Durante años, aquellos de nosotros que nos hemos dedicado a esto hemos diagnosticado lo que le falta. Sabemos que, para que exista un sistema de justicia penal, necesitamos buenos policías. ¿Por qué? Porque la policía, al llegar a la escena del crimen, tiene que recoger pruebas y cuidar las cadenas de custodia. No pueden, como se ve en las películas, “contaminar la escena del crimen”. Por esta razón hay un trabajo que debe ser muy meticuloso: hay que saber de quién es el adn sin margen de error; hay que establecer trayectorias, motivos y un largo etcétera. También los ministerios públicos requieren la capacidad técnica para llevar a cabo una audiencia pública respetando el principio de presunción de inocencia.
Se sabe que hay problemas técnicos, problemas de presupuesto, problemas materiales, problemas personales y de corrupción. Entonces lo que hemos estado haciendo es detectar y señalar los fenómenos. Sin embargo, hace unos meses se presentó una idea completamente nueva: que los jueces estén conectados con la gente y que la gente debe elegir a sus jueces. Creo, con todo respeto, que esta propuesta no tiene nada que ver con las condiciones de negligencia o imperfecciones en la justicia. Se trata de una postura política que no busca mejorarla, sino apropiarse de ella.
Estamos ante una pregunta crucial: ¿por qué un juez obedece o acepta lo que dice la ley? No lo hace porque tenga preferencia por alguna o algunas de sus determinaciones, lo acepta porque es una regla que viene de la voluntad popular, establecida por representantes elegidos democráticamente. Cuando fui ministro de la Suprema Corte pude ver que, al aplicar una ley, en ciertas ocasiones no me gustaba la solución y la encontraba inadecuada, pero mi obligación sólo era con la Constitución y debía sumir sus mandatos.
Hay un vínculo entre el juez y la ley, y éste lo crea el legislador democrático. El problema de las reformas es que el juez, el diputado, el senador o el presidente de la república provendrán de la misma fuente de legitimidad. Por lo tanto, creo que los jueces perderán su papel de mediadores de la ley y pensarán que tienen un mandato directo del electorado y que sólo deben responder a ellos.
Si la legitimidad de un legislador no depende del voto ni del pueblo, ¿de dónde viene?
El juez es designado por su habilidad técnica, por su capacidad para entender las normas legales y aplicarlas según ciertas reglas procesales. Si, cuando yo fui ministro, hubiera sido elegido democráticamente, popularmente, ¿a quién respondería? ¿A la gente que votó por mí?
Mi relación con los votantes sería compleja, porque yo la habría construido con ellos. No sería una relación natural, sino una relación artificial porque se construye. Salgo a ofrecer cosas al pueblo para que voten por mí. Mis electores no son un pueblo neutral, sino que son un pueblo con el cual he construido una relación artificial. Lo digo con toda sinceridad. Y entonces perdemos la cosa artificial más extraña y maravillosa que tenemos: la ley que hizo iguales a los que eran diferentes. No olvidemos que el dinero de las campañas se invierte para tener funcionarios que respondan a los intereses de esos benefactores.
¿Por qué en otros países ha funcionado esta peculiaridad, como sucede en Estados Unidos?
Lo que sucede es que en Estados Unidos tienen una institución que nosotros abandonamos: el jurado. En Estados Unidos, el juez tiene un jurado compuesto por ciudadanos que escuchan las deliberaciones y deciden sobre algunos puntos, de hecho mediante un veredicto. Y el juez, basándose en el veredicto del jurado que ya no se puede cambiar, dicta una sentencia. Por lo tanto, hay una mediación de un cuerpo diferente que no tenemos. Creo que las diferencias institucionales son tan grandes que hacen que la idea sea completamente diferente, o rompen con la idea de que la elección de los jueces es lo mismo aquí que en Estados Unidos, o en Bolivia, o en cualquier otro país.+
